La hoja de ruta para la implementación de la PSD2 a nivel europeo incluye un paso conocido como transposición nacional. Este proceso consiste en adaptar la directiva comunitaria, que funciona como un guía para los miembros de la UE, al marco regulatorio de cada uno de los estados y aprobar leyes para que tenga efecto en el territorio nacional de cada uno de ellos.
El pasado viernes 23 de noviembre el consejo de ministros aprobó un real decreto ley que determina como la PSD2 se implementará en España. Este movimiento, muy reclamado por el sector fintech y de los pagos online, llega 11 meses después de que la directiva entrara en vigor a nivel europeo, en enero de 2018.
Ahora las fintech españolas y todas esas empresas que quieran beneficiarse de las posibilidades que abre la nueva directiva tienen un camino concreto a seguir para obtener la autorización pertinente y empezar a operar como proveedores de servicios de iniciación de pagos (PISP’s) y proveedores de servicios de información de cuentas (AISP’s).
En el caso de España, el organismo regulador que evaluará y otorgará la autorización necesaria será el Banco de España, previa autorización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Se estima que el proceso de acreditación duré hasta 3 meses.
Sobre la PSD2
La PSD2 es el nombre que recibe la segunda directiva de servicios de pago de la Unión Europea, aprobada en 2015.
Hasta hace poco, el sector de los pagos online era territorio exclusivo de grandes ‘players’, pero con la explosión de empresas fintech que hemos visto en los últimos años esta tendencia está cambiando y cada vez más startups están entrando en este espacio ofreciendo nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus usuarios.
La PSD2 nace como respuesta a esta afluencia de nuevos players, con el objetivo de regular el espacio de los pagos online y crear un terreno de juego equitativo para que empresas que no forman parte del sector bancario puedan operar en él y ofrecer sus productos y servicios.
La directiva también cumple una función liberalizadora, pues obliga a los a bancos a poner a disposición de terceros los datos de sus clientes (siempre con su autorización por supuesto), para que dichas empresas puedan proveer a estos de diferentes tipos de servicios.
Un ejemplo son las conocidas aplicaciones de gestión de finanzas personales, que se conectan a las bases de datos de los bancos para extraer la información bancaria de sus usuarios, la analizan, y en función de este análisis pueden ayudar a los usuarios con consejos financieros y herramientas como sistemas de ahorro automático.
El ‘Open Banking’ o Banca Abierta
Este cambio en la propiedad del dato bancario, que antes era exclusivamente del banco y ahora pasa a ser compartido y desembolsado por el propio cliente según le convenga, habilita lo que conocemos como ‘Open Banking’ o Banca Abierta.
Open Banking se refiere al nuevo paradigma bancario en el cual la banca pierde su monopolio sobre los servicios bancarios, y estos servicios viven un desagregación y los clientes pueden empezar a acceder a ellos de forma individual según sus necesidades. Esto multiplicará exponencialmente la oferta y la competencia, impulsando la innovación y un crecimiento de la calidad de los servicios en el sector.
